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Justicia sobre Justicia 11-01-2018

¿Te acordás? - El día que condenaron a cuatro años de cárcel a una ex jueza federal de Morón

¿Te acordás? - El día que condenaron a cuatro años de cárcel a una ex jueza federal de Morón

(por Sebastián Zárate) .- Se trato de Raquel Susana Morris Dooglatz. Tenía 77 años. La consideraron coautora del delito de asociación ilícita por haber integrado una banda que pedía coimas a comerciantes del Mercado Central.

 

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín condenó el jueves 9 de octubre de 2014 a la ex jueza federal de Morón, Raquel Susana Morris Dloogatz, a la pena de cuatro años de prisión por considerarla coautora del delito de asociación ilícita en el marco de una investigación en la que se le adjudicó haber sido parte de una banda de policías bonaerenses.

 

 

Junto a los policías bonaerenses, la jueza exigía coimas a comerciantes del Mercado Central. Morris Dooglatz tenía entonces 77 años por lo que no fue a prisión ya que después los 70 años a cualquier delincuente le corresponde prisión domiciliaria.

 

El 6 de noviembre los jueces Elbio Osores Soler, Lidia Beatriz Soto y Marcelo Díaz Cabral leyeron los fundamentos del fallo y también dieron la condena.

 

La organización delictiva que integró Morris Dooglatz cometió delitos en los primeros ocho meses de 1996. Todo empezó con la denuncia de un empleado que señaló a su patrón como evasor impositivo.

 

La investigación la iniciaron en 1998 el juez federal de Morón Jorge Rodríguez y el entonces fiscal Pablo Quiroga, quien dijo que existían causas por evasión tributaria sospechosamente cerradas por falta de pruebas.

 

En todas ellas Morris Dloogatz había ordenado allanamientos y secuestro de documentación. El entramado se tejió así: 1) la policía allanaba comercios y retiraba documentos y 2) si advertían irregularidades pedían coimas para salvarlos de la investigación.

 

Los policías fueron procesados por extorsión y asociación ilícita.

 

Quiroga observó que los allanamientos por temas fiscales siempre llevaban la firma de Morris Dloogatz, quien no enviaba las actuaciones a los representantes del Ministerio Público Fiscal ni pedía intervención a la ex Dirección General Impositiva.

 

En octubre de 1998 la Cámara Federal de San Martín constató que incurrió en 131 faltas administrativas.

 

En 1999 Rodríguez pidió juicio político para Morris Dloogatz. Le atribuyó delitos de prevaricato (fallar en contra de la ley maliciosamente por ignorancia inexcusable), incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto.

 

El mecanismo de enjuiciamiento político que pone en marcha el Consejo de la Magistratura contempla que el funcionario cuestionado haga su descargo antes de una posible acusación.

 

El 1º de junio de 1999 Morris Dooglatz se presentó en el cuarto piso del Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano a dar explicaciones ante la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura.

 

Fue la primera jueza en declarar en una audiencia abierta y la tercera en ser citada por ese organismo judicial.

 

Vestida con un tailleur rosado y voz firme, la jueza dijo que nunca hizo nada irregular. Atribuyó la denuncia en su contra a viejos rencores que el fiscal Quiroga guardaría hacia ella porque le impidió apropiarse del expediente sobre el líder del Movimiento Todos Por la Patria, Enrique Gorriarán Merlo.

 

Agregó que sus vistas a los fiscales y comunicaciones a la DGI se ajustaron a la ley. Consideró que, según su interpretación, no había plazos para dar intervención al organismo recaudador. Admitió conversaciones con la policía y expresó que es habitual que los jueces, al menos en el Departamento Judicial de Morón, lo hagan. Adjudicó los cargos en su contra a una confabulación de Quiroga quien, a su entender, "dominaría" la Cámara Federal de San Martín.

 

Dejó entrever que cree que ser la primera fiscal mujer en la provincia habría tenido sus costos. Y entregó unas mil páginas de documentación de la causa penal.

 

El 2 de septiembre de 1999, Morris Dooglatz se convirtió en la primera jueza suspendida por el Consejo de la Magistratura.

 

Los consejeros acreditaron las 131 faltas administrativas que la Cámara Federal de San Martín le imputó, aceptaron los delitos establecidos por Rodríguez y advirtieron que "hay que prever la posibilidad de que haya incurrido en asociación ilícita". Y finalmente por el delito de asociación ilícita la condenaron.


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