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Nacionales 12-02-2017

Caso Correo Argentino: Mocoroa, el eslabón perdido del acuerdo

Caso Correo Argentino: Mocoroa, el eslabón perdido del acuerdo

El acuerdo entre el Estado Nacional y Correo Argentino SA ya se ancló como mochila para el Presidente Mauricio Macri. Una carga que arrastrará al menos hasta el 2019, cuando venza su mandato.

 

Partamos de la base que la deuda de 70 mil millones en concepto de canon corresponde al monto estimado a 2033.

 

Si el Grupo SOCMA de la familia Macri hubiera retenido la concesisión hasta ese año, el monto hubiera llegado a esa cifra. Es cierto. Pero no la retuvo. El número, es impactante, pero mediático. Hubo una quita, sí. Ese es el monto de la controversia. 

 

¿Qué sucedió? Se aceptó la cancelación de la deuda al año 2001 (296 millones de pesos). Hasta acá, sucede en cada convocatoria de acreedores. O sea, no se actualiza el monto al momento del convenio. Se llama a convocatoria de acreedores y listo: dedua congelada hasta el acuerdo. Con el acuerdo, se actualiza el monto. Y se paga al contado o en cuotas. Si es en cuotas, se establecen intereses. Así lo señala el Código Civil y Comercial.

 

Por otro lado, algo que no se lee: El Grupo SIDECO, controlado por SOCMA, ganó la licitación del Correo Argentino en 1997. Y en septiembre de 2001 entró en convocatoria de acreedores, con una deuda total de 900 millones de pesos-dólares. De ese monto, el Estado era acreedor del 32,65 por ciento, correspondiente al pago del canon que la compañía dejó de abonar en el año 2000. 

 

Cabe preguntarse porqué no hubo acuerdo entre la anulación de la concesión y la fecha actual. La respuesta es larga. Versión corta: el Grupo SOCMA insistió en que realizó una inversión inicial que era equiparable a la deuda. Una cuenta de suma cero. Entre lo que el Estado le reclamaba y la empresa le demandaba, quedaban “hechos”.

 

Volvamos a la deuda. Esta dividida en 15 cuotas anuales con un interés directo del 7 % por cada año. Y se aplica a partir del cierre del convenio. Un 7 % en esta argentina es casi mismo que cero.

 

Caa cuota es de 19.7 millones de pesos más los intereses del 7 %. Mientras, los bancos argentinos menos generosos pagan por un plazo fijo anual 17 %. Si el Grupo SOCMA pusiera hoy 296 millones de pesos en plazo fijo y retirara los intereses ganados anuales, la deuda no solo se paga sola sino que sobra dinero.

 

Encima, el mismo Grupo SOCMA, quince días antes de la firma del acuerdo, presentó una demanda contra el Estado Nacional para obtener una compensación por la inversión inicial realizada. Y en esa demanda los intereses trepan al 11 %. Esta demanda es por 2370 millones de pesos.

 

O sea: el Estado acuerda, SOCMA reclama.

 

Acá surge otra pregunta. Cuándo se firmó el acuerdo, ¿no se estableció que el acreedor no tenía derecho a reclamo? Otra falla grave.

 

¿Quién la cometió? El abogado Juan Manuel Mocoroa, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días, por lo tanto, alguien sin fuerte respaldo político, ni institucional, ni legal.

 

Macoroa fue designado el 2 de marzo del año pasado al frente del área con “autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos (…)” por el “Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”. Y, por otro decreto, le prorrogaron el mandato en el cargo.

 

Ambas “deciones administrativas” pueden leerse en el Boletín Oficial del 3 de marzo de 2016 y del 22 de noviembre de 2016, o solicitarlas a esta redacción que tiene las copias.

 

La Fiscal del Caso señala que Mocoroa debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.

 

Y la “decisión administrativa” de prórroga señala explícitamente que “el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno”.

 

Esto significa que todas las críticas que llegaron desde la oposición, están claras. Más allá de los números, el funcionario del Ministerio de Comunicación que firmó el acuerdo no tenía facultades para hacerlo.

 

¿Quién es Mocoroa? Socio fundador del estudio jurídico Baccino & Mocoroa - Abogados.

 

Fue Auditor Semi Senior en la Auditoria General de la Nación. Esta diplomado en Derecho Procesal Constitucional, luego en un Master en Derecho y Argumentación Jurídica y, finalmente, un Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Università degli Studi di Genova (Italia).

 

Y esta vinculado a la Universidad Nacional de Córdoba como docente e investigador.

 

Mocoroa saber de derecho. De números parece que no. Ahora bien, si sabe de derecho, también era conciente de que no podía firmar el convenio.

 

La breve historia señala que el Correo Argentino SA se presentó en concurso, o sea: cesación de pagos y pedido de convocatoria de acreedores, en 2001, durante el Gobierno de la Alianza.

 

En el año 2003, el Presidente Néstor Kirchner le rescindió el contrato porque desde 2002, la empresa fue esquivando los pagos de canon y deuda hasta 2007.

 

A partir de la recisión del contrato, SOCMA intentó compensar la deuda contra la inversión inicial que había realizado al ganar la concesión del Correo Argentino.

 

Durante los doce años de gobierno kirchnerista, este acuerdo de suma cero fue rechazado. Para el Gobierno de Kirchner y luego de Cristina Fernández, era más lo que debía que lo que había invertido.

 

¿Por qué? Porque no había registro cierto de la inversión inicial. Por lo tanto, la Justicia resolvió el pago del 100 % del crédito verificado a favor del Estado.

 

Más allá de los números, no a 2033, a 2017, el monto llega a 4.277 millones de pesos. Pero SOCMA no retuvo la empresa a esta fecha. Y es cierto que ante un concurso, la deuda se congela. Se acuerda con los acreedores y se paga con una tasa de interés. Esa tasa de interés corre a partir del día en se firma el acuerdo.

 

Cómo llegó Mocoroa a 296 millones de pesos es imposible saberlo. Que haya estimado un interés del 7 % anual mientras SOCMA demanda por 11 % en el mismo período, demuestra una vez más que el Estado, con un funcionario desconocido para el público, desde una oficina que nadie sabe dónde dónde queda, puede otorgar beneficios sin más.

 

Que la política metió la cola es cierto. Y por qué no iba a meterla. ¿Quién sabía del acuerdo? ¿Se había hecho público, digo: masivo? No, como ningún otro. Y esta es la falta de acceso a la información que desde hace décadas sufrimos los argentinos. No tenemos ese derecho. 

 

Pero este caso es extraordinario porque se trata de una empresa de la que es parte el Presidente de la Nación y su padre. Debería haberlo hecho tan público como pudiera el Gobierno Nacional.

 

Ahora que llegó la tormenta, no alcanzan los paraguas.

 

Con los medios se puede ganar, es cierto, pero no se puede gobernar.


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